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lunes, 2 de noviembre de 2015 18:03
El exalcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda.
La Procuraduría General de la República (PGR) investiga el origen de las 20 propiedades del exalcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez y su esposa, pues podrían haberse adquirido con dinero del narcotrárfico.
La PGR informó el domingo de investigaciones sobre las propiedades de José Luis Abarca Velázquez, preso por su presunta vinculación con la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, con el fin de averiguar sus nexos con el narcotráfico y el grupo criminal Guerreros Unidos.
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Según datos de la PGR, Abarca tiene 17 propiedades y su esposa tres, y se presume que todas esas propiedades pueden tener su origen en dinero proveniente del narcotráfico. En la indagatoria se enumeran los trámites que realizaron el exedil y su esposa para contar con terrenos, condominios y centros joyeros.
Como se explica en el expediente, Abarca es dueño y socio de joyerías en el Centro Joyero de Iguala, de la denominada Galería Tamarindos, de un edificio de cinco departamentos y de la empresa Grupo Empresarial Abarpin SA de CV, que se dedica a la compra-venta de terrenos y a la comercialización de desarrollos comerciales y de casas-habitación. Además de poseer un terreno de siete hectáreas, donde pretendía construir un complejo comercial, ferreterías y restaurantes.
Sin embargo, se han omitido los nombres de las personas que vendieron o traspasaron las propiedades. Es más parte de las posesiones se han registrado como herencias recibidas por el exalcalde. La PGR sigue investigando a personas que pudieron servir de prestanombres de Abarca.
Por otra parte, los documentos de la PGR indican que aparte de las tres propiedades, Pineda “presuntamente ordenaba la compra de terrenos para el grupo criminal Guerreros Unidos, los cuales servían de narcolaboratorios”.
De acuerdo con las declaraciones de uno de los testigos en el caso de Ayotzinapa ante la PGR, registradas el 3 de diciembre de 2014, Pineda es una de las líderes de Guerreros Unidos.
Mexicanos llevan fotos de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa durante una marcha en el primer aniversario de la tragedia. 26 de septiembre de 2015.
El declarante, que se dedicaba a la venta de terrenos en la región, informó a la PGR de la venta forzosa de uno de sus terrenos “que por instrucciones de María de los Ángeles (…) que en uno de mis terrenos iban a hacer un pozo de agua artesanal”.
Empero, agregó, a esos terrenos fueron llevados botes y tambos con líquidos, además de que había personas armadas, por lo que reportó el incidente al Ejército, el cual logró la detención de los delincuentes.
“Fui amenazado por diversas personas, quienes me dijeron que pertenecen a Guerreros Unidos y que tenían instrucciones de María de los Ángeles Pineda y de José Luis Abarca de matarme a mí y a toda mi familia por haber denunciado”, continuó el testigo para luego asegurar que salió ileso de una intentona para matarle.
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