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jueves, 19 de noviembre de 2015 2:39
Un reporte de varias ONG revela que las violaciones de los derechos humanos de migrantes en México se han incrementado drásticamente.
Las violaciones de los derechos humanos de los migrantes en México se han incrementado drásticamente a raíz de que el Gobierno reforzara los operativos en sus fronteras por una ola migratoria en Estados Unidos el año pasado.
El plan Frontera Sur, que implementó el Gobierno mexicano en julio de 2014, "ha significado violación de los derechos humanos, un cierre virtual de la frontera, una retención masiva y por supuesto una deportación masiva de personas migrantes", denunció el miércoles el sacerdote Tomás González, director de un albergue humanitario para migrantes, durante la presentación del informe en Ciudad de México (capital).
"Ha sido una herramienta para hacer daño a las personas migrantes y el brazo ejecutor es el Instituto Nacional de Migración, (...) que se ha policializado", pese a que la estrategia gubernamental fue presentada como un plan "en favor de los derechos de los migrantes (...) y el desarrollo social" de la zona, denunció.
Un total de 97.254 migrantes fueron aprehendidos en México entre julio de 2013 y junio de 2014 contra los 168.280 retenidos en el mismo lapso del año siguiente, lo que representa un aumento del 73 %, indica el informe "Un Camino Incierto" realizado por nueve ONG, entre ellas la estadounidense Washington Office on Latin America (WOLA) y el Centro de Análisis y Reflexión Fundar.
De acuerdo con el informe, se han documentado secuestros, extorsiones, robos y agresiones durante los operativos gubernamentales "que se llevan a cabo cada vez más en colaboración con instancias de seguridad", y la gran mayoría de esos delitos siguen impunes a pesar de la creación de fiscalías especializadas.
Por otro lado, el informe deplora que las autoridades participen en uno de cada cinco delitos contra el migrante, según cifras de La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes.
Los migrantes esperan un tren en Chacamax, en el estado de Chiapas, sito en el sureste de México.
El reporte asegura que la Policía Federal de México es la fuerza que más participa de estos delitos (29,8 %), seguida de las policías preventivas municipales (22,8 %) y las policías estatales (7,4 %).
El Gobierno de México implementó el plan Frontera Sur en julio de 2014 tras una ola de migrantes menores no acompañados que llegó a Estados Unidos.
En abril de 2015 el Gobierno estadounidense reportó una caída del 28 % en sus detenciones de migrantes indocumentados en su frontera con México.
Según WOLA, entre octubre 2014 y abril 2015, México ya arrestó más ciudadanos centroamericanos que Estados Unidos.
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