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lunes, 22 de febrero de 2016 16:06
Mexicanos marchan en la Ciudad de México (capital) para demostrar solidaridad con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero (sur), 24 de septiembre de 2015.
El grupo de expertos de la CIDH denunció las irregularidades que obstaculizan su trabajo para determinar el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos en México.
Los investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desvelaron el domingo la filtración de las declaraciones de algunos sospechosos detenidos por sus presuntos vínculos con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala (sur de México), cuyo paradero sigue sin conocerse.
“No responden a la verdad o han sufrido alteraciones con la aparente intención de alentar versiones que no se sustentan”, sostuvieron los especialistas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH.
De igual forma, anunciaron la apertura de nuevos expedientes con los datos sacados de la investigación central, hecho, que según ellos, bloquea su acceso a las nuevas averiguaciones.
En este contexto, se refirieron al hallazgo de unos restos óseos; información a la que tuvieron acceso a través de los familiares de los 43 normalistas que estaban presentes en el lugar de la excavación.
“Este hallazgo desapareció de la investigación central, que es a la que tienen acceso los expertos, para ir a otro expediente, al que no tienen acceso”, señaló la colombiana Angela Buitrago.
Para los expertos, cualquier desvío en la información dificulta la determinación de responsabilidades.
El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa fueron víctimas de una fuerte represión policial cuando se manifestaban para exigir la reparación de las instalaciones del centro educativo, un aumento de su presupuesto y la garantía de plazas en el sector público para el 100 por ciento de los egresados. 43 de ellos desaparecieron.
Hasta el momento, las autoridades no han podido refrendar su versión: los jóvenes fueron detenidos por policías y entregados a miembros del cártel de Guerreros Unidos, quienes los mataron y los incineraron en una hoguera en el municipio de Cocula, cercano a Iguala. Los padres objetan esta versión, ya que expertos de la CIDH aseguran que los jóvenes no fueron quemados en el basurero de Cocula.
La desaparición de los 43 estudiantes ha suscitado masivas marchas de protesta en México y ha expuesto al Gobierno de Peña Nieto a duras críticas nacionales e internacionales por la falta de justicia en este caso.
Según Vidulfo Rosales Sierra, abogado y vocero de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, la Administración Federal impidió la inclusión de un encuentro con los padres de los desaparecidos en la agenda del papa Francisco durante su visita a México, entre los días 12 y 18 de febrero.
msm/ctl/nal
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